Ley Orgánica de Servidores Públicos (página 2)

A pretexto de lograr la eficiencia y eficacia en los
empleados públicos se pretende incorporar un
régimen de personal denominado Sistema Integrado de
Recursos Humanos en el cual se introducen medidas neoliberales
que buscan despedir a los servidores públicos; siguiendo
la concepción equivocada de lo que es la evaluación
se quiere someter al trabajador a un proceso subjetivo que no
establece parámetros claros y menos establece las medidas
o mecanismos para lograr que el empleado desarrolle su trabajo en
condiciones satisfactorias, eleve su conocimiento y supere sus
limitaciones; por el contrario, lo que sí se establece es
el despido inmediato de quienes reprobaren la
evaluación.

Para agravar el panorama el servidor no tiene siquiera
la posibilidad de pedir una recalificación o de impugnar
los resultados, pues, al empleado solo se le comunica que
está despedido.

Cabe mencionar que en la propuesta de ley tampoco se
establecen mecanismos ni sistemas de capacitación continua
y permanente para el personal de las instituciones
públicas.

Otro de los temas controversiales de esta propuesta es
que de un solo plumazo, y a pretexto de implementar un sistema
remunerativo que supuestamente termine con las inequidades
salariales, se intenta echar abajo todas las escalas o sistemas
remunerativos con lo que se conculca derechos adquiridos de los
trabajador, pero además con esta disposición se
pretende incorporar como servidores públicos al magisterio
magisterio nacional y a los docentes universitarios a fin de que
sean normados y regulados sus salarios de acuerdo a esta nueva
Ley , echando abajo la Ley de Carrera Docente y Escalafón
del Magisterio y el sistema remunerativo de las Universidades, lo
que significa, la pérdida de conquistas como los bonos
fronterizos, rurales , antigüedad, académicos, etc
que son fruto de varias luchas por mejorar las condiciones
económicas en las que se debaten estos
sectores.

Otros temas que causan preocupación son los
relacionados a la jubilación, en la que se obliga a los
servidores a jubilarse al momento de cumplir los 70 años
de edad, transformando el derecho en una obligación pero
además determinado inconstitucionalmente que el monto
máximo de éste será de hasta 30 mil
dólares, cuando el Mandato Constituyente 2 establece que
el monto de la jubilación debe ser 7 salarios
básicos por cada año.

Proyecto de ley
orgánica sobre Servicio Público

6 noviembre, 2009

Fuente: El Mercurio

El proyecto de ley orgánica sobre el Servicio
Público, será tramitado hoy por el pleno de la
Asamblea. Mientras está listo para segundo debate aquel
referente a la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos
Públicos.

El proyecto tiene como objetivo propender
al desarrollo profesional, técnico y personal de los
servidores públicos, tendiente a garantizar el permanente
mejoramiento, eficiencia, eficacia, productividad del
Estado.Está dirigida a los organismos y dependencias de
las funciones, entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado y regímenes
especiales.También abarca a los organismos creados por la
Constitución, para el control estatal.

La propuesta establece los requisitos para
ingresar al servicio público; prohibiciones especiales;
prohibición del pluriempleo; clases de nombramiento;
contrato de servicios ocasionales.Establece las pensiones
vitalicias de presidentes y vicepresidentes constitucionales de
la República, entre otros aspectos.

Por su parte el proyecto de ley sobre el Sistema
Nacional de Registro de Datos Públicos rige para toda
institución que maneje cifras sobre las personas naturales
o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para las usuarias o
usuarios de los registros públicos. (ALA).

A debate proyecto de ley
orgánica del servicio público

Enero 26/2010

Fuente: El Telégrafo

El asambleísta Elvis Maldonado Castillo alterno
de Gerónimo Yantalema, trabajó el viernes pasado en
la Asamblea Nacional y presentò sus observaciones sobre el
tema.

Específicamente en su intervención 13 del
Pleno de la Asamblea Nacional felicitó el espíritu
constitucional por cambios en la comisión que han dejado
satisfechos a los legisladores de minoría y
mayoría.

Maldonado cuestionó el artículo 6 de la
nueva Constitución que habla del nepotismo porque se les
ha pasado por alto un tema importante, preguntado qué pasa
cuando la autoridad nominadora y su cónyuge ingresan a
trabajar en la misma institución.

Para que no exista la terminación laboral se
ponen de acuerdo los esposos y se divorcian, varios de estos
casos existen en Chimborazo y por ende habrá
muchísimos en el país.

En la disposición transitoria primera de la
constitución, se establece que se aprobará la ley
que regula el servicio público, por lo tanto desde el
ejecutivo presentan la propuesta de Ley de Servicio
Público, que es una reforma a la Ley

Orgánica de Servicio Civil y Carrera
Administrativa (LOSCA) ya que su contenido es casi el
mismo.

El objetivo de esta ley debe ser el desarrollo
profesional, técnico y personal de las servidoras y
servidores públicos para lograr la eficiencia y eficacia
del estado, en sí, regula a las personas que se encuentran
laborando en las dependencias públicas.

Hasta cierto punto el proyecto presentado por el
Ejecutivo debe ser flexible, en el sentido de que se establecen
sanciones para los servidores que suspendan los servicios
públicos, lo cual tiene una razón de
ser.

La propuesta de la mesa se considera inconstitucional e
ilegal ya que no se recoge en los articulados sin considerar los
aspectos humanos de los servidores públicos, despido sin
el derecho a la defensa y el momento de la evaluación saca
una baja nota, tampoco tiene derecho a la defensa.

No se considera equidad en las remuneraciones, en
definitiva no existe estabilidad, no se está dando lugar a
la promoción y ascensos, se quiere dar igual trato a los
extranjeros para que se acojan al sector público,
desplazando así la oportunidad que los ecuatorianos
requieren de plazas de trabajo, es necesario que el décimo
cuarto sueldo se revea se complete en dos salarios
básicos. En definitiva pido una verdadera estabilidad
emocional para los trabajadores ya que, se está lesionando
los derechos de los mismos.

De igual manera, Maldonado hizo un llamado al Ministerio
del Trabajo para que se "ponga la camisita" para aplicar los
porcentajes que deben ingresar a las instituciones
públicas las personas con capacidades especiales empezando
con el 5% en cada institución.

"Porcentaje que debe ser progresivo y promoviendo
acciones efectivas para todos nosotros bajo el principio de no
discriminación y se debe construir accesos especiales para
que la persona especial pueda recorrer tranquilamente los sitios
de su trabajo y las mujeres que se encuentren embarazadas
deberán tomar un especial trato durante el período
de gestación".

En definitiva en todo el proyecto de ley no se observa
el cumplimiento del principio fundamental constitucional, que es
la interculturalidad y plurinacionalidad y por otro lado, es
necesario también hacer énfasis en cuanto a las
medidas de acción afirmativa que permita promover la
igualdad real de los titulares de derechos que se encuentran en
situaciones de desigualdad, como los pueblos y nacionalidades
indígenas. (Art. 11 de la constitución.

El Pacto de la
"regalada gana" pretende perjudicar a los servidores
públicos

Enero 27/2010

Fuente: El Telegrafo

Los Asambleístas del MPD llaman a los servidores
públicas a movilizarse y a trabajar para conminar a los
asambleístas democráticos y progresistas de PAIS,
muchos de ellos maestros, a actuar, por encima de la orden, en
correspondencia con los intereses de los trabajadores y
respetando la Constitución

EM.- ¿Por qué la bancada del MPD se ha
opuesto a la Ley Orgánica de Servicio público
presentada por el ejecutivo?

LA.- En primer lugar porque es una propuesta
inconstitucional; el gobierno pretendió hacer una reforma
a la actual ley lo que contraría la Transitoria Primera de
la Carta Política que claramente señala que en el
plazo de un año la Asamblea Nacional debe tramitar y
aprobar una nueva ley del Servidor Público, y fue
precisamente ésta la primera batalla ganada al interior de
la comisión por ello se aprobó elaborar un nuevo
cuerpo legal, dejando de lado la propuesta del
ejecutivo.

Pero lo más importante y lo que motivó
nuestro rechazo, es que el proyecto del Presidente del
República contenía elementos anti -servidor
público, que ponen en riesgo la estabilidad y los derechos
de estos trabajadores.

Temas como: el despido intempestivo (figura que consta
en el Código del Trabajo), que significaba dejar abierta
la puerta para un despido masivo de los servidores
públicos en el país, ese era el propósito
del ejecutivo; otro tema es el derecho a la antigüedad, pues
obligaba a salir del servicio público al funcionario que
cumpliere 70 años calificándolo como inservible;
así también en el tema de las evaluaciones en los
que se calificaba de "no apto" o "inaceptable" a los servidores
públicos. Estos y otros elementos de carácter
despectivo, perjudiciales para los trabajadores de sector
público fueron debatidos y desterrados del nuevo proyecto
que la comisión elaboró.

EM.- Un tema central de la propuesta del ejecutivo
era la incorporación para que el magisterio nacional y la
docencia universitaria pasen a regirse por la Ley Orgánica
de Servicio Público, ¿Cómo quedó este
tema en la nueva propuesta?

LA.- Se tiró abajo la pretensión del
ejecutivo de hacer que los maestros que están regidos por
su Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio pasen
a ser regulados por la Ley de Servicio Público,
argumentamos que el tratamiento debe ser distinto. Incorporarlos
a esta ley implicaba perjudicar sus remuneraciones, es no tomar
en cuenta sus particularidades como el tema de las horas de
trabajo, éstas no son las mismas que las de cualquier
servidor, los docentes laboran en relación a horas
pedagógicas.

Logramos, que el artículo 77, que derogaba la
parte fundamental de la Ley de Carrera Docente y Escalafón
referente a las remuneraciones se suprima y; además, en el
artículo 92 del nuevo cuerpo legal se incorpore el literal
m) mediante el que se excluye a los docentes del sistema nacional
de educación del sistema de servicio público;
así también en el art 93 se establece claramente
que " El personal docente comprendido en todos los niveles y
modalidades gozará de estabilidad, actualización,
formación continua, mejoramiento pedagógico y
académico, percibirá una remuneración justa
de acuerdo a la profesionalización, desempeño y
méritos académicos.

Estarán sujetos a la Ley de Carrera Docente y
Escalafón del Magisterio Nacional, de conformidad con el
Art. 349 de la Constitución".

Respecto a la docencia universitaria planteamos en el
mismo artículo 93 se agregue también un texto
alternativo en el que se garantice la autonomía
universitaria y que concomitantemente con ello sea la Ley de
Educación Superior la que regule al docente universitario,
tal cual lo ordena la Constitución en el art. 345. Esto no
ha sido recogido y es una pelea por librarse en el primer debate
en el seno de la Asamblea

EM. ¿Podríamos señalar que el
texto para primer debate de la Ley de Servicio Público es
progresista y que cuenta con el respaldo de todos los miembros de
la omisión de Derechos de los Trabajadores?

LA.- Diríamos que si es progresista, siempre y
cuando se mantenga lo debatido, aprobado y suscrito en el informe
de mayoría.

EM ¿Qué le hace dudar?

LA.- Después de haber discutido más de mes
y medio para configurar el nuevo cuerpo legal ¿Qué
sucede el momento de aprobar artículo por artículo?
A pesar de que ya había un consenso de todos, llega una
disposición de Carondelet, a través del Ministro de
Relaciones Laborales, para objetar lo que hasta el momento se
había resuelto.

Los asambleístas de PAIS , María Augusta
Calle, Dora Aguirre, Fernando Aguilar y el señor Samaniego
, más el asambleísta Dalo Bucaram, haciendo
funcionar el pacto de la "regalada gana", se echan para
atrás, cambian de opinión, demostrando que trabajan
sin independencia y hacen lo que su "jefe" les ordena.

Para ello caen en una contradicción, firman el
informe de mayoría, pero después se les ocurre el
mismo día, instalada la comisión, presentar un
alcance con en el que pretenden echar abajo el contenido del
artículo 93 y 106 que tienen que ver con el tema del
magisterio; pretendiendo señalar que están en
mayoría porque este alcance fue suscrito por cinco
miembros.

Cabe recordar que la constitución y la ley
Orgánica de la función legislativa establecen que
las comisiones adoptan sus decisiones por mayoría de sus
integrantes y cinco no es mayoría de 11. Aquí se
pone en evidencia que los asambleístas de país son
solo levanta manos y esperan la orden del ejecutivo.

EM.- ¿con estos antecedentes ¿Qué
va ocurrir en el seno de la asamblea en el primer
debate?

LA.- Es importante señalar que a pesar de las
jugarretas de los señores que impulsan el pacto de la
regalada gana, existe a su pesar un informe de mayoría en
el que se consagran los derechos de los servidores
públicos y del magisterio; vamos al primer debate y
allí veremos el comportamiento de varios legisladores que
no están de acuerdo con que se conculquen derechos que han
sido fruto de la lucha de los trabajadores, de los maestros y que
además han sido elementos contemplados en los acuerdos
entre el gobierno y los sectores que han levantado importantes
acciones de lucha; vamos a trabajar porque esos
asambleístas democráticos y progresistas, muchos de
ellos maestros, por encima de la orden actúen en
correspondencia con los intereses de los trabajadores.

EM.- Conocemos que el MPD ha presentado
también un informe de minoría ¿Qué
aspectos contempla?

En este informe se ratifican elementos debatidos en la
comisión respecto a la necesidad de respetar los derechos
de los servidores , se legisla para quitar el elemento punitivo
de la ley , donde se pretende sancionar a los servidores por
acogerse a su derecho de la rebeldía y
movilización; el derecho al trabajo, el derecho a la
defensa; se ratifican en este informe los temas relacionados con
el magisterio nacional, de los docentes universitarios no
acogidos en el informe de mayoría; el respeto al derecho
que tienen los servidores públicos a contar con tiempo
para estudiar , el establecimiento de un salario digno para que
este corresponda por lo menos al valor de la canasta familiar, la
jubilación para que esta sea de "siete salarios
mínimos" eliminando la palabra "hasta" porque con la
inclusión de ésta se hace una trampa que perjudica
a los trabajadores públicos.

EM. ¿Qué corresponde hacer a los
sectores involucrados?

LA.- Estar vigilantes y movilizarse, para que el debate
de este proyecto se desarrolle en concordancia con los
compromisos públicos que ha hecho el gobierno, pero
principalmente con lo que dice la Constitución; es
importante que en el trascurso del primer debate y el segundo los
sectores involucrados, los servidores públicos de todas
las instituciones, puedan movilizarse y plantear ante la
comisión sus opiniones para que éstas sean
recogidas para el segundo debate.

Proyecto de ley de Servicio Público

Miércoles, 02 de Septiembre de 2009
16:53

 Enero 27/2010

Fuente: El Ciudadano

Las reformas a la Ley de Servicio Público tienen
como elemento central perjudicar a los funcionarios de las
instituciones del Estado, desconocer sus derechos y conquista,
sometiéndoles a un proceso de inestabilidad
laboral.

La Comisión de Derechos de los Trabajadores y
Seguridad Social debate en estos días la propuesta de Ley
de Orgánica de Servicio Público que reforma la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
(LOSCCA), propuesta que fue elaborada con la participación
del actual Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza,
que como se señaló en ediciones anteriore,
implementa una política anti laboral que puede ser
evidenciada en esta propuesta, en la que el elemento central es
perjudicar a los funcionarios públicos, desconociendo
derechos y conquistas adquiridas; incorporando en la ley figuras
legales que atentan a la estabilidad del servidor público
a quien se le pone a merced de ministro o titular de la
dependencia del Estado; para ello se cambia la figura legal de la
destitución y en su lugar se incorpora la del despido; se
cambia el término estabilidad por permanencia.

Esto aparentemente es solo un problema de forma, pero en
realidad se pretende eliminar todo un proceso legal en el cual
obligatoriamente se debe instaurar sumarios administrativos a fin
de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los
servidores públicos

A pretexto de lograr la eficiencia y eficacia en los
empleados públicos se pretende incorporar un
régimen de personal denominado Sistema Integrado de
Recursos Humanos en el cual se introducen medidas neoliberales
que buscan despedir a los servidores públicos; siguiendo
la concepción equivocada de lo que es la evaluación
se quiere someter al trabajador a un proceso subjetivo que no
establece parámetros claros y menos establece las medidas
o mecanismos para lograr que el empleado desarrolle su trabajo en
condiciones satisfactorias, eleve su conocimiento y supere sus
limitaciones; por el contrario, lo que sí se establece es
el despido inmediato de quienes reprobaren la
evaluación.

Para agravar el panorama el servidor no tiene siquiera
la posibilidad de pedir una recalificación o de impugnar
los resultados, pues, al empleado solo se le comunica que
está despedido.

Cabe mencionar que en la propuesta de ley tampoco se
establecen mecanismos ni sistemas de capacitación continua
y permanente para el personal de las instituciones
públicas.

Otro de los temas controversiales de esta propuesta es
que de un solo plumazo, y a pretexto de implementar un sistema
remunerativo que supuestamente termine con las inequidades
salariales, se intenta echar abajo todas las escalas o sistemas
remunerativos con lo que se conculca derechos adquiridos de los
trabajador, pero además con esta disposición se
pretende incorporar como servidores públicos al magisterio
magisterio nacional y a los docentes universitarios a fin de que
sean normados y regulados sus salarios de acuerdo a esta nueva
Ley , echando abajo la Ley de Carrera Docente y Escalafón
del Magisterio y el sistema remunerativo de las Universidades, lo
que significa, la pérdida de conquistas como los bonos
fronterizos, rurales , antigüedad, académicos, etc
que son fruto de varias luchas por mejorar las condiciones
económicas en las que se debaten estos
sectores.

Otros temas que causan preocupación son los
relacionados a la jubilación, en la que se obliga a los
servidores a jubilarse al momento de cumplir los 70 años
de edad, transformando el derecho en una obligación pero
además determinado inconstitucionalmente que el monto
máximo de éste será de hasta 30 mil
dólares, cuando el Mandato Constituyente 2 establece que
el monto de la jubilación debe ser 7 salarios
básicos por cada año.

El SENRES se convierte en un super- organismo que
evaluará, controlará, y definirá el
número de personal en las instituciones y organismos del
Estado y será el encargado de regular todo lo referente a
los salarios.

En resumen se trata de implementar toda una
política contraria a los servidores públicos, como
que si ellos fueran los responsables de la ineficiencia de las
instituciones públicas, cuando en realidad la ineficiencia
y corrupción están en quienes las
dirigen.

Atenta a los derechos de los servidores
públicos

Proyecto de ley de Servicio
Público

Enero 28/2010

Fuente: El Comercio

Las reformas a la Ley de Servicio Público tienen
como elemento central perjudicar a los funcionarios de las
instituciones del Estado, desconocer sus derechos y conquista,
sometiéndoles a un proceso de inestabilidad
laboral.

La Comisión de Derechos de los Trabajadores y
Seguridad Social debate en estos días la propuesta de Ley
de Orgánica de Servicio Público que reforma la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
(LOSCCA), propuesta que fue elaborada con la participación
del actual Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza,
que como se señaló en ediciones anteriore,
implementa una política anti laboral que puede ser
evidenciada en esta propuesta, en la que el elemento central es
perjudicar a los funcionarios públicos, desconociendo
derechos y conquistas adquiridas; incorporando en la ley figuras
legales que atentan a la estabilidad del servidor público
a quien se le pone a merced de ministro o titular de la
dependencia del Estado; para ello se cambia la figura legal de la
destitución y en su lugar se incorpora la del despido; se
cambia el término estabilidad por permanencia.

Esto aparentemente es solo un problema de forma, pero en
realidad se pretende eliminar todo un proceso legal en el cual
obligatoriamente se debe instaurar sumarios administrativos a fin
de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los
servidores públicos

A pretexto de lograr la eficiencia y eficacia en los
empleados públicos se pretende incorporar un
régimen de personal denominado Sistema Integrado de
Recursos Humanos en el cual se introducen medidas neoliberales
que buscan despedir a los servidores públicos; siguiendo
la concepción equivocada de lo que es la evaluación
se quiere someter al trabajador a un proceso subjetivo que no
establece parámetros claros y menos establece las medidas
o mecanismos para lograr que el empleado desarrolle su trabajo en
condiciones satisfactorias, eleve su conocimiento y supere sus
limitaciones; por el contrario, lo que sí se establece es
el despido inmediato de quienes reprobaren la
evaluación.

Para agravar el panorama el servidor no tiene siquiera
la posibilidad de pedir una recalificación o de impugnar
los resultados, pues, al empleado solo se le comunica que
está despedido.

Cabe mencionar que en la propuesta de ley tampoco se
establecen mecanismos ni sistemas de capacitación continua
y permanente para el personal de las instituciones
públicas.

Otro de los temas controversiales de esta propuesta es
que de un solo plumazo, y a pretexto de implementar un sistema
remunerativo que supuestamente termine con las inequidades
salariales, se intenta echar abajo todas las escalas o sistemas
remunerativos con lo que se conculca derechos adquiridos de los
trabajador, pero además con esta disposición se
pretende incorporar como servidores públicos al magisterio
magisterio nacional y a los docentes universitarios a fin de que
sean normados y regulados sus salarios de acuerdo a esta nueva
Ley , echando abajo la Ley de Carrera Docente y Escalafón
del Magisterio y el sistema remunerativo de las Universidades, lo
que significa, la pérdida de conquistas como los bonos
fronterizos, rurales , antigüedad, académicos, etc
que son fruto de varias luchas por mejorar las condiciones
económicas en las que se debaten estos
sectores.

Otros temas que causan preocupación son los
relacionados a la jubilación, en la que se obliga a los
servidores a jubilarse al momento de cumplir los 70 años
de edad, transformando el derecho en una obligación pero
además determinado inconstitucionalmente que el monto
máximo de éste será de hasta 30 mil
dólares, cuando el Mandato Constituyente 2 establece que
el monto de la jubilación debe ser 7 salarios
básicos por cada año.

El SENRES se convierte en un super- organismo que
evaluará, controlará, y definirá el
número de personal en las instituciones y organismos del
Estado y será el encargado de regular todo lo referente a
los salarios.

En resumen se trata de implementar toda una
política contraria a los servidores públicos, como
que si ellos fueran los responsables de la ineficiencia de las
instituciones públicas, cuando en realidad la ineficiencia
y corrupción están en quienes las
dirigen.

Servidores
públicos analizan proyecto de ley

30 enero, 2010

Fuente: el comercio

Delegados de la Confederación Nacional de
Servidores Públicos (Conasep) se reunieron en Cuenca para
analizar el proyecto de Ley de Servicio Público y realizar
observaciones y aportes para el segundo debate por parte de la
Asamblea.

La cita de delegados efectuada en el colegio Ciudad de
Cuenca contó con la presencia de los dirigentes nacionales
y locales del sector así como de los asambleístas
Francisco Cisneros, Guido Jalil, Nivea Vélez, María
Augusta Calle.

La presidenta de la Comisión de Derechos de los
Trabajadores y de la Seguridad Social, Nivea Vélez,
defendió el proyecto de ley que regulará
múltiples defectos e incorrecciones en el servicio
público que han subsistido desde hace
décadas.

El ingreso de una gran cantidad de empleados se ha dado
sin concurso de méritos, solamente en base a las
simpatías políticas y compadrazgos; no ha existido
un real proceso de carrera en el servicio, los ascensos se han
producido de acuerdo a los clásicos palanqueos, como
privilegios o a modo de dádivas.

La desigualdad en las remuneraciones en muchos casos ha
sido abismal; la capacitación ha sido nula o en su defecto
débil y desordenada; las evaluaciones se han efectuado sin
ninguna base real y técnica, por lo general sin
conocimiento del servidor, de ahí que se han prestado para
manipulaciones e inclusive despidos.

Los traslados o cambios han funcionado en base a
favoritismos, chantajes y en varios casos como despidos;
recientemente se han establecido límites a las
remuneraciones máximas, pero no se ha hablado de las
mínimas.

Razones de sobra

Por lo dicho anteriormente se justifica más que
nunca la aprobación de la ley bajo cuyo control
estarán el Gobierno Central y todas sus dependencias e
instancias; las diferentes Funciones del Estado; los Gobiernos
Autónomos descentralizados; las Corporaciones, Fundaciones
y Empresas Públicas o Mixtas que tengan mayoría de
acciones del Estado; las personas jurídicas creadas para
la prestación de servicios públicos,
puntualizó la asambleísta.

Otra propuesta fundamental es que los servicios
profesionales u ocasionales se vayan eliminando de una vez por
todas porque ha sido una forma de mantener la inestabilidad en el
servicio público.

Se establece la igualdad de condiciones en los procesos
de ingreso, ascenso y promoción, a través de los
concursos de méritos y la capacitación; un sistema
único de remuneraciones; jornadas especiales para quienes
lo requieren, como los que tienen a su cargo el cuidado de
personas con enfermedades catastróficas.Los maestros
seguirán amparados por la Ley de Escalafón y
Sueldos del Magisterio.

Conasep realiza cuestionamientos

El presidente de la Conasep, Héctor
Terán, expresó que la aspiración del sector
era que se genere una ley orgánica que regule la labor de
los recursos humanos y las remuneraciones de todo el sector
público, como dice la Constitución, pero
"lamentablemente esto no se dio".El Presidente de la
República lo único que hizo fue enviar un proyecto
de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera
Administrativa (Losca), de unificación de remuneraciones
del sector público.Frente a ello la Conasep se vio
obligada a presentar un paquete de propuestas para mejorar el
proyecto de ley, dijo.

Sostuvo que en el proyecto de ley no se ha
solucionado el problema de fondo y por ejemplo subsisten las
excepciones y por ende las discriminaciones y
privilegios.Indicó que al momento siguen vigentes
más que nunca los "favoritismos politiqueros" con la
existencia de más de más de 35.200 personas
contratadas para funciones que deberían hacer los
servidores públicos enrolados en las
instituciones.

De esta forma se duplican funciones y sueldos con un
impacto económico tremendo y la vulneración de la
estabilidad de los empleados cuya actividad está siendo
reemplazadareemplezada por el personal contratado, inclusive, con
remuneraciones superiores, lo que puede reflejarse en forma
negativa en las evaluaciones, advirtió
Terán.

Este reclamo lo dirigió contra el ministro de
Relaciones Laborales, Richard Espinoza, "que parece que nos odia
a los servidores públicos de carrera y prefiere viabilizar
este proceso de contrataciones". (MCM)

Servidores
públicos promueven adecuación de Consejos Comunales
a la nueva Ley

03/02/10

Fuente: Prensa Fundacomunal / Lusmer
Sánchez

La lucha por el fortalecimiento del Poder Popular no se
detiene, y el estado Vargas se suma al estudio de la nueva Ley
Orgánica de los Consejos Comunales, con el objetivo de
reforzar el proceso de adecuación de los más de 400
consejos registrados en la entidad.

En esta oportunidad, una nutrida representación
de servidoras y servidores públicos se congregaron en la
sede del Teatro Pedro Elías Gutiérrez, ubicado en
la parroquia Carlos Soublette, con el fin de recibir el segundo
taller de inducción que ofrecen el Ministerio del Poder
Popular para las Comunas y Protección Social (MPCyPS) y la
Fundación para la Promoción y Desarrollo del Poder
Comunal (Fundacomunal)

El taller se realiza en aras de analizar el contenido de
la nueva ley y apoyar el proceso de adecuación que se debe
seguir para darle vida al Poder Popular, como motor del proceso
revolucionario.

Patricia Marrero, directora general de Fundacomunal,
destacó que las servidoras y los servidores
públicos se deben al pueblo organizado, razón por
la cual participar en estos talleres es una manera de promover la
consolidación del proyecto revolucionario, ya que tiene la
misión de promover la adecuación de los Consejos
Comunales a la nueva ley, aprobada en diciembre
pasado.

"Para promover la adecuación, deben conocer la
ley. Por eso, estos talleres son importantes para que todos
aquellos que creemos en este proceso conozcamos las bondades de
este instrumento legal y seamos difusores de la misma en todas
las instancias y escenarios en los cuales nos desarrollemos",
dijo. 

El taller se desarrolló con base en la breve
reseña histórica de la ley que antecede a la
recién aprobada normativa, además de una
comparación entre el anterior instrumento legal y el
aprobado en diciembre de 2009.

Novedades del nuevo instrumento legal

La directora de Fundacomunal fue enfática al
recordar que la participación y el compromiso siguen
siendo el pilar fundamental para promover el empoderamiento del
Poder Popular. Además, destacó que con la nueva ley
los Consejos Comunales tienen el poder a través de la
adquisición de la personalidad jurídica.

"Esta ley viene a reivindicar el ejercicio del Poder
Popular, dándole el mayor protagonismo a los voceros y
voceras comprometidos con la misión de darle cuerpo y vida
a la sociedad socialista", destacó Marrero.

Los servidores y servidoras públicos conocieron
que los artículos más relevantes por su
carácter novedoso son los identificados con los
números 2, 17, 24, 25, 28, 30, 35, 36, 28, 44, 51, 56, 59,
60 y 61, motivo por el cual se debe ahondar en ellos, ya que su
aplicación conduce al nuevo modelo de sociedad
socialista.

Finalmente, hizo un llamado a que los voceros y voceras
comunales, promotores comunales de Fundacomunal, el Frente
Francisco de Miranda, las Misiones Sociales, representantes del
MPCyPS, la Alcaldía, la Gobernación, los delegados
del PSUV y todos aquellos que luchan por la construcción
del socialismo, se sumen a la adecuación de los Consejos
Comunales a la nueva ley.  

Servidores públicos, en la mira
ciudadana

20/Mayo/2010

Fuente: Diario Hoy

El ministerio de Relaciones Laborales implementó
un sistema de control y evaluación de atención al
usuario. El acto, que se llevó a cabo en el centro de
convenciones Eugenio Espejo, contó con la presencia del
ministro del ramo, Richard Espinosa, quien realizó la
presentación oficial del sistema."El servidor
público debe estar capacitado para servir, bajo cualquier
circunstancia, con amabilidad, agilidad y respeto. He ahí
la importancia de implementar este sistema" señaló
Espinosa.

El mecanismo emplea un sistema de buzones
para receptar denuncias y sugerencias, implementación de
normas técnicas para la selección de personal,
elaboración de encuestas en tiempo real que permitan medir
el nivel de satisfacción en las instituciones
públicas y un proceso de capacitación a los
actuales funcionarios públicos a través de discos
compactos interactivos."Esta es una herramienta de empoderamiento
ciudadano. Hemos colocado 5 040 buzones en todas las
instituciones públicas del país. En este proyecto
se ha invertido un promedio de $90 mil, aparte de la
campaña publicitaria que se realizará",
acotó el ministro.

La evaluación que se haga a todos los servidores
públicos, de ser negativa, puede ser causal de
destitución. La campaña publicitaria inicia en dos
semanas. (SAM)

Boletín de
prensa: ley orgánica de los servidores
públicos

Junio 10/2010

Fuente: Asamblea
Nacional.gov.ec

En la Comisión de Fiscalización y Control
Político se desarrolló este miércoles 9 de
junio un Taller con la participación del Colectivo
Socialista, las Organizaciones sindicales, la Federación
de Servidores Públicos y la Asociación de
Trabajadores del Ministerio de Economía.

Con la presencia de los Asambleístas socialistas
Silvia Salgado y Eduardo Encalada; y con el aporte del
Vicepresidente de la CEOSL José Chávez, del
Presidente de la Federación Nacional de Servidores
Públicos Dr. Miguel García y del Ec. Milton
Coronel, Presidente de la Asociación de Empleados del
Ministerio de Finanzas se discutieron disposiciones del proyecto
de ley de servicio público que se debatirá en
segundo debate en la Asamblea Nacional.

Entre los temas observados por los servidores
públicos y trabajadores, se discutieron los temas
relacionados con los derechos y libertades de organización
sindical, la nueva estructura y compensación de las
remuneraciones del servidor; el carácter y la
metodología de los procesos de selección y
evaluación de personal, la nueva institucionalidad de
gestión y administración de recursos humanos
propuesta en la nueva Ley y el Sistema de Retiro Voluntario por
Jubilación, la estabilidad de los/las servidores/ras
públicos y el sistema de contratación de los
servidores públicos.

Asamblea
aprobó Ley de Servicio Público

11 Agosto 2010

Fuente:www.telegrafo.com.ec

El Pleno de la Asamblea aprobó el
proyecto de ley que establece reformas como incluir a los
militares y policías como servidores públicos.El
Proyecto de Ley de Servicio Público fue aprobada esta
tarde por el Pleno de la Asamblea con 108 votos a favor, 2
negativos y 9 abstenciones. 

La normativa aprobada remplazará a la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 
(Loscca). El estatuto beneficia no solo a los funcionarios y
empleados públicos, sino fundamentalmente a los usuarios
de los servicios que prestan las entidades estatales, porque
está orientada a recuperar la institucionalidad del
Estado. 

La Ley de Servicio Público está
conformado por 137 artículos, 23 disposiciones generales,
10 transitorias, 4 finales, una derogatoria, artículo
final. Doce títulos distribuidos en 24
capítulos. 

El proyecto aprobado tiene por objetivo
impulsar el desarrollo profesional, técnico y personal de
las y los servidores públicos, para lograr el permanente
mejoramiento, productividad del Estado y de sus instituciones,
mediante el desarrollo de un sistema de gestión del
talento humano sustentado en la igualdad de derechos,
oportunidades y la no discriminación.El proyecto de
Ley fue aprobado sobre la base del informe trabajado por la
Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social.

Entre los cambios incorporados está
que las personas extranjeras residentes en el Ecuador
podrán prestar sus servicios en calidad de servidores
públicos, siempre y cuando hayan permanecido legalmente en
el país al menos cinco años.La presidenta de
la comisión, Nivea Vélez, expresó que la
ley no solo trata de incorporar el 5% de personas con
discapacidad en las instituciones del sector público, sino
que sanciona a quienes incumplan la norma y sobre todo pone
énfasis en la obligatoriedad que tiene el empleador de
adecuar los accesos para las personas con discapacidad y la
capacitación a quienes conviven con estas personas para
brindarles un trato adecuado.

Además, la norma establece como transitoria
consta que las Instituciones Educativas de las Fuerzas Armadas,
Policía Nacional, Aviación Civil y Comisión
de Tránsito del Guayas, pasarán a funcionar bajo la
rectoría del Ministerio de Educación y sus
servidores administrativos pasen a formar parte del sistema
educativo público.

Entre otros aspectos el proyecto contempla la jornada
especial de trabajo de las personas que cuidan a personas con
discapacidad. También se considera el pluriempleo
para los profesores de las universidades y orquestas
sinfónicas. La normativa también considera el
acceso al servicio público a través del concurso de
méritos y oposición; la garantía de hacer
carrera en el sector público; y, la evaluación
anual como único mecanismo de acceso.

Con la nueva Ley los policía y los militares se
integran a la Ley de Servicio Público, sin que  se
surpima su derecho de recibir condecoraciones,
reconocimientos, porque ellos no cobran horas extras, ni
complementarias, tienen jornadas y horarios
especiales.

En los próximos dos días hábiles el
proyecto de Ley será enviado al Presidente de la
República para que en 30 días sea aprobado u
objetado.

Norma tuvo 106 votos a favor y 2 en blanco

Servidores públicos ya tienen nueva ley

11 de Agosto de 2010

Fuente: El Expreso

Se regula a empleados de las funciones Ejecutiva, Electoral y
de Control Social. La Legislativa y la Judicial mantienen
autonomía

Júbilo. El oficialismo ayer festejó por
dar paso a una de las leyes que, según la
Constitución, es de aprobación
obligatoria.

Evaluaciones anuales, ascensos por méritos e
ingreso por concurso de oposición son parte de las nuevas
reglas que regirán a los servidores
públicos.

Ayer, con 106 votos a favor y dos en blanco, la Asamblea
Nacional aprobó el proyecto de Ley de Servicio
Público, que reemplaza a la Ley Orgánica de
Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca).

Nívea Vélez (ex ADE), presidenta de la
Comisión de Derechos de los Trabajadores, destacó
que la norma, que tiene 137 artículos, contó con el
apoyo mayoritario de los bloques.

Esto se debió a que varios temas
polémicos, que fueron incluidos en la propuesta original
del Ejecutivo, no constaron en el informe definitivo.

Entre ellos, la figura del despido intempestivo que fue
eliminada y en su lugar consta que un servidor público que
sea separado de su cargo deberá gozar del debido
proceso.

Además, en los casos de supresión de
partidas o de jubilación voluntaria se otorgará una
liquidación correspondiente a siete salarios unificados
por año de trabajo. El límite será 210
salarios en total.

La comisión también determinó que
habrá una bonificación para los burócratas
que renuncien a su cargo, pero que hayan trabajado -al menos-
cinco años en una entidad.

Otra bonificación está contemplada para
quienes tienen que trasladarse a cumplir su labor en lugares de
difícil acceso.

En cuanto a las evaluaciones, la nueva ley establece que
los funcionarios podrán ser calificados con sobresaliente,
muy buena, regular o insuficiente. Sin embargo, será el
Ejecutivo el que determine en el reglamento los parámetros
de calificación.

Como una forma de incentivo, se prevé que quienes
obtengan sobresaliente y muy buena sean considerados para un
ascenso. En contraparte, las personas cuya evaluación
resulte insuficiente tendrán seis meses para rendir una
nueva prueba que, de no mejorar, será causal para el
despido.

Además, la ley determina que el 5% de los
empleados de las entidades estatales deberán ser personas
con discapacidad. Para cumplirlo, hay un plazo de cinco
años.

Ley de Servicio Público fue
aprobada con 108 votos

Miércoles, 11 de Agosto de 2010

Fuente: Asamblea
Nacional.gov.ec

Con 108 votos, 2 negativos y 9 abstenciones
el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley
de Servicio Público, que remplaza a la LOSCCA y que tiene
por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico
y personal de las y los servidores públicos, para lograr
el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad,
productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la
conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema
de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de
derechos, oportunidades y la no discriminación.

El proyecto de Ley que fue aprobado sobre
la base del informe trabajado por la Comisión de los
Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, está
conformado por 137 artículos, 23 disposiciones generales,
10 transitorias, 4 finales, una derogatoria, artículo
final. Doce títulos distribuidos en 24
capítulos.

La aprobación de esta ley que regula
la relación de los servidores públicos con el
Estado responde a la necesidad de brindar un servicio
público eficiente a la ciudadana, así como a los
nuevos preceptos consagrados en la Constitución,
priorizando el desarrollo de la carrera enfocado hacia la
dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio
del Estado y sus instituciones, en el ejercicio de la
función pública.

La Ley beneficia no solo a los funcionarios
y empleados públicos, sino fundamentalmente a los usuarios
de los servicios que prestan las entidades estatales, porque
está orientada a recuperar la institucionalidad del
Estado. Además, se garantizan efectivamente los derechos
de este sector y se destierra definitivamente cualquier forma de
informalidad laboral.

La presidenta del organismo parlamentario,
Nivea Vélez, al señalar que al margen de las
diferencias políticas partidista que son legítimas,
están empeñados en dar al país leyes que
aporten al desarrollo nacional, precisó que los 11
integrantes del organismo, de las diferentes fuerzas
políticas, respaldaron el informe.

La Comisión recibió
más de un centenar de observaciones en el segundo debate
de las cuales se ha acogido el 70% de las propuestas de los
asambleístas, 21% de diferentes organizaciones y el 9%,
que fueron nudos críticos, mismos que fueron resueltos con
los jefes de bloque.

Entre los cambios incorporados está
que las personas extranjeras residentes en el Ecuador
podrán prestar sus servicios en calidad de servidores
públicos, siempre y cuando hayan permanecido legalmente en
el país al menos 5 años, sin perjuicio de la
aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad
que rijan sobre la materia.

Nivea Vélez expresó que es
una ley progresista que puede servir de modelo para otras
legislaciones, porque no solo se trata de incorporar el 5% de
personas con discapacidad en las instituciones del sector
público, sino que sanciona a quienes incumplan la norma y
sobre todo pone énfasis en la obligatoriedad que tiene el
empleador de adecuar los accesos para las personas con
discapacidad y la capacitación a quienes conviven con
estas personas para brindarles un trato adecuado.

Como transitoria consta que las
Instituciones Educativas de las Fuerzas Armadas, Policía
Nacional, Aviación Civil y Comisión de
Tránsito del Guayas, pasarán a funcionar bajo la
rectoría del Ministerio de Educación y sus
servidores administrativos pasen a formar parte del sistema
educativo público.

Entre otros aspectos el proyecto contempla
la jornada especial de trabajo de las personas que cuidan a
personas con discapacidad; pluriempleo para los profesores de las
universidades y orquestas sinfónicas; el bono de
jubilación; el acceso al servicio público a
través del concurso de méritos y oposición;
la garantía de hacer carrera en el sector público;
y, la evaluación anual como único mecanismo de
acceso.

Además la Policía y los
militares se integran a la Ley de Servicio Público,
respetándose el derecho que tienen a recibir
condecoraciones, reconocimientos, porque ellos no cobran horas
extras, ni complementarias, tienen jornadas y horarios
especiales.

En los próximos dos días
hábiles el proyecto de Ley será enviado al
Presidente de la República para que en el plazo de treinta
días sea aprobado u objetado.

Asamblea aprueba normas de servicio
público y organización territorial

11 de Agosto de 2010

Fuente: El Diario

La Asamblea Nacional de Ecuador
aprobó hoy la ley de Servicio Público y el
código orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, que deberán
ser estudiadas por el Ejecutivo para su ratificación o
veto.

La ley de Servicio Público fue
aprobada con el voto a favor de 108 legisladores, dos en contra y
nueve abstenciones, precisa un comunicado de la Asamblea
Nacional.

Dicha norma, que reemplaza a la antigua Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
(Loscca), busca el desarrollo profesional de los servidores
públicos para mejorar la calidad de la atención a
los ciudadanos y la productividad en el Estado, añade el
texto.

Este cuerpo legal está compuesto por
137 artículos y 38 disposiciones, distribuidas en doce
títulos y un total de 24 capítulos.

"La aprobación de esta ley, que
regula la relación de los servidores públicos con
el Estado, responde a la necesidad de brindar un servicio
público eficiente a la ciudadana", agrega el texto
oficial.

La nueva reglamentación, entre otros
aspectos, permite a los extranjeros que residan en el país
por, al menos, cinco años, prestar sus servicios como
empleados públicos.

Asimismo, obliga a las instituciones
públicas a contratar a un mínimo del 5 por ciento
de personas con discapacidad y permite a los profesores de
universidades públicas dictar cátedra en varios
centros de enseñanza superior.

Además, la ley incorpora una
"evaluación anual" a los servidores públicos e
incluye a militares y policías, aunque éstos no
pierden sus derechos a recibir condecoraciones y
reconocimientos.

Por otra parte, el pleno de la Asamblea
aprobó el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (Cootad), que establece la
conformación política y administrativa territorial
del Estado, así como los niveles de gobiernos
autónomos, descentralizados y regímenes especiales.
La ley, que consta de 499 artículos, prevé el
desarrollo de un modelo de descentralización "obligatoria
y progresiva", a través de un sistema nacional de
competencias.

El legislador oficialista Virgilio
Hernández aseguró que la norma se rige "por los
principios de unidad, solidaridad, coordinación y
corresponsabilidad, complementariedad, equidad interterritorial,
participación ciudadana y sustentabilidad del
desarrollo".

Apuntó que en la normativa se
precisa el rol de los municipios, consejos provinciales y juntas
de las parroquias, así como de sus autoridades ejecutivas
y de las circunscripciones territoriales indígenas, de
afrodescendientes y de campesinos de la costa.

Servidores públicos ya tienen
nueva ley

Jueves 12 de agosto de 2010

Fuente: Carei Radio Tv

Ayer, con 106 votos a favor, la Asamblea
Nacional aprobó el proyecto de Ley de Servicio
Público, que reemplaza a la Ley Orgánica de
Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca).

La presidenta de la Comisión de
Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez,
destacó que la norma, que tiene 137 artículos,
contó con el apoyo mayoritario de los bloques.

Esto se debió a que varios temas
polémicos, que fueron incluidos en la propuesta original
del Ejecutivo, no constaron en el informe definitivo.Entre ellos,
la figura del despido intempestivo que fue eliminada y en su
lugar consta que un servidor público que sea separado de
su cargo deberá gozar del debido proceso.

Además, en los casos de
supresión de partidas o de jubilación voluntaria se
otorgará una liquidación correspondiente a siete
salarios unificados por año de trabajo. El límite
será 210 salarios en total.

La comisión también
determinó que habrá una bonificación para
los burócratas que renuncien a su cargo, pero que hayan
trabajado -al menos- cinco años en una entidad.

Otra bonificación está
contemplada para quienes tienen que trasladarse a cumplir su
labor en lugares de difícil acceso.

En cuanto a las evaluaciones, la nueva ley
establece que los funcionarios podrán ser calificados con
sobresaliente, muy buena, regular o insuficiente. Sin embargo,
será el Ejecutivo el que determine en el reglamento los
parámetros de calificación.

Como una forma de incentivo, se
prevé que quienes obtengan sobresaliente y muy buena sean
considerados para un ascenso. En contraparte, las personas cuya
evaluación resulte insuficiente tendrán seis meses
para rendir una nueva prueba que, de no mejorar, será
causal para el despido.Además, la ley determina que el 5%
de los empleados de las entidades estatales deberán ser
personas con discapacidad. Para cumplirlo, hay un plazo de cinco
años.

Una norma para el control de la
burocracia del país

12/08/2010 

Fuente:
negocios@elcomercio.com

La Asamblea aprobó ayer la Ley
Orgánica de Servicio Público (Losep) con 106 votos
favor de 119 legisladores presentes en el Pleno.

La votación inició
aproximadamente a las 13:10, 40 minutos más tarde de lo
previsto, debido a la demora en la aprobación del
Código de Organización Territorial Autónomo
y Descentralización (Cotad).

Salarios unificados

El artículo 97 establece que dentro
de la remuneración mensual unificada de los servidores
públicos no se incluirán los sobresueldos, fondos
de reserva, bonos geográficos, etc.

El Ministerio de Relaciones Laborales se
encargará de la modificación de las escalas
salariales, según el artículo 102.

El artículo 118 prohíbe el
pluriempleo y la doble remuneración en funciones
públicas. Aunque sí permite la capacitación
en otras instituciones.

Previo a la votación, la
asambleísta Nívea Vélez, presidenta de la
Comisión de los Derechos de los Trabajadores,
presentó el proyecto, destacando temas como la
selección de personal a través de los concursos de
méritos y oposición.Luego se procedió a la
votación, que no demoró más de cinco
minutos. Tras su aprobación el asambleísta Ramiro
Terán, del Movimiento Popular Democrático (MPD),
pidió la reconsideración, pero fue negada por 99
legisladores de 118 presentes. La nueva ley que regula a los
servidores públicos, y que reemplazará a la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
(Loscca), incorpora la posibilidad para que los extranjeros que
hayan vivido más de cinco años en el país
puedan acceder a cargos públicos.

Esto no molesta a Remigio Hurtado
vicepresidente de la Confederación Nacional de Servidores
Públicos del Ecuador (Conasep). "Lo importante es que no
se les dará puestos a dedo, sino que también
deberán aplicar a los concursos".Entre los funcionarios
que quedarán fuera del ámbito de aplicación
de la ley están miembros de la Función Legislativa,
Función Judicial, docentes, etc. No así los
servidores de quienes laboren en la Función Ejecutiva, la
Procuraduría, entre otros.

Jaime Carrillo, representante de los
empleados del Ministerio de Educación, destacó la
forma cómo se realizarán las evaluaciones.
Según el artículo 81, los servidores que tengan
bajas notas tendrán dos oportunidades para ser
calificados.

La ley tiene grandes avances con
relación al texto enviado por el Presidente, entre los que
está gozar de estabilidad, recibir indemnizaciones por
supresión de puestos o partidas, etc.

Sin embargo, la ley solo se refiere a los
empleados mas no a los servicios públicos. Hace falta un
articulado a través del cual se determinen las normas para
garantizar un buen servicio a los ciudadanos del
país.

Otro de los puntos que hay que criticar es
la transitoria séptima, en la que se establece que, solo
por una única ocasión, quienes hayan laborado por
más de cuatro años en una institución bajo
la modalidad de contrato, ingresarán directamente a la
carrera del servicio público.

Este es un subterfugio que han implementado
para dar empleos. Cerca de 5 000 personas se convertirán
en funcionarios con nombramiento, muchos de los cuales ingresaron
con la llegada de este Gobierno.

Ellos deberán participar en un
concurso en el que se les asignará un puntaje especial,
pero no se establece cuál y bajo qué criterios se
lo escogerá.

También rechazamos que entre las
causales de destitución, expuesta en el artículo
48, se establezca la mala atención al público. No
pueden mezclar esta situación con delitos graves como
cohecho, peculado, o incurrir en acoso sexual o
violencia.

Ley de Servicio Público llega a la
Presidencia

13 de agosto del 2010

Fuente: El
Telégrafo

Para garantizar una buena atención a
la ciudadanía, los servidores públicos
deberán pasar por un proceso de
capacitación.

Antes del inicio de la vacancia
legislativa, la Asamblea remitió al Jefe de Estado el
texto aprobado.

Desde ayer corre el plazo para que el
Ejecutivo apruebe o vete la Ley Orgánica de Servicio
Público que reemplazará a la Ley Orgánica de
Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 Según la Ley Orgánica
de la Función Legislativa, el Presidente de la
República tiene un plazo máximo de 30 días
para pronunciarse.   Los servidores públicos del
país se pronunciaron de acuerdo con la mayoría del
texto que fue aprobado el miércoles con el voto favorable
de 106 asambleístas, aunque la Federación de
Servidores Públicos de Pichincha aún tiene algunas
observaciones que las remitirá al Jefe de Estado. Incluso
los propios asambleístas de Alianza PAIS como Ángel
Vilema quieren que se elimine el artículo que faculta a
los extranjeros residentes en el país a acceder al
servicio público.   Los técnicos
docentes, trabajadores de la salud y representantes de los
gobiernos autónomos dijeron estar complacidos con la
norma  debido a que el Ministerio de Relaciones Laborales,
en un plazo no mayor a 45 días, a partir de la
publicación de la ley, expedirá la escala de
remuneraciones. "La Ley de Educación termina con toda la
jerarquía educativa que tenían las direcciones de
Educación, las subsecretarías regionales y el
Ministerio de Educación. Por esa situación los
técnicos docentes pasaremos a la Ley de Servicio
Público", exclamó Jaime Carrillo, representante
de  los funcionarios del Ministerio de
Educación.

Carrillo dijo que el estar regulados por
esta nueva norma les permitirá contar con salarios dignos,
mientras  que Sofía Vaca, enfermera profesional,
calificó a la ley de positiva porque beneficia a su
sector.  

Nivea Vélez, presidenta de la
Comisión de  Derechos de los Trabajadores, sostuvo
que la actitud de la Asamblea fue de madurez política.
Considera que es una ley totalmente incluyente al haberse acogido
las sugerencias de las organizaciones y de los
asambleístas.

Dijo que la norma establece el ingreso al
servicio público a través de un concurso de
méritos y oposición. Asimismo indicó que la
carrera del servidor público dependerá de la
formación, capacitación y evaluación
anual."¿Por qué el servicio público es malo?
Porque se pone gente sin perfil, sin  ningún
mérito, en cambio ahora sí garantizamos el ingreso
por concurso de méritos y una carrera profesional. Eso se
reflejará en el servicio que se ofrece. Además, de
los resultados de las evaluaciones dependerán los
ascensos", señaló la asambleísta.

500.000 servidores  públicos se
estima que existen a escala nacional, según los propios
empleados

El funcionario que saque insuficiente en la
evaluación podrá presentarse a una nueva, si vuelve
a obtener una mala nota, será destituido.

"Es una ley garantista de derechos que
acaba con la intermediación laboral y la
tercerización", manifestó.

Observan la normativa

Miguel García, presidente de la
Federación de Servidores Públicos de Pichincha,
reconoció que en relación al texto original de la
ley se registran algunos avances.

Por ejemplo dijo que se 
eliminó la figura del despido
intempestivo.        Hizo
extensivo su desacuerdo con que los ciudadanos extranjeros
accedan al servicio público, por considerarlo
inconstitucional.

Criticó la séptima
disposición transitoria que faculta nombramientos, previo
al concurso de méritos, a las personas que a la presente
fecha mantengan vigentes contratos de servicios ocasionales por
más de cuatro años en la misma
institución.

Ley de Servidores Públicos deben
tener reformas puntuales

Agosto 13/2010

Fuente: Fundación Hacia la
Seguridad-Imperio de la Ley

 EL PAÍS NECESITA QUE SE
CORRIJA la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, pues
es imperativo eliminar las injusticias que se dan en cuanto a la
retribución que deben hacer los servidores públicos
a sus administrados (los ciudadanos), además se debe
limitar el gasto del Estado y precisar, entre otras cosas,
qué significa que una entidad tenga
autonomía.

Sin embargo, el Gobierno que estaba
empeñado en realizar ciertos cambios a la Ley,
recibió la negativa del Congreso Nacional, hace pocas
semanas. De acuerdo con Edgar Terán Terán,
presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de
la Ley, el Gobierno equivocó el camino tras enviar un
largo documento, que era una suerte de reescritura de la ley
anterior.

El Congreso Nacional negó esta ley,
el 6 de agosto pasado, en un episodio que detonó, incluso
en el rompimiento de la alianza de Gobierno con Pachakutik, pues
este último tampoco votó a favor de la ley del
Ejecutivo.

A decir del principal personero de Hacia la
Seguridad-Imperio de la Ley, Édgar Terán
Terán, si el presidente de la República pretende
cumplir con esos cambios, que además son requeridos por el
Fondo Monetario Internacional (FMI), deberá mandar un
nuevo proyecto que cubra solamente los puntos esenciales que
deben ser corregidos.

"La idea es que sea un proyecto corto, que
no deje al Congreso opción de hacer una discusión
teorética ni tampoco una discusión de
artículo por artículo inacabable, sino que vaya a
lo propio a lo que se debe reformar y regular", dijo
Terán. Los puntos más importantes a los que debe
apuntar el nuevo proyecto tienen que ver con las situaciones
más complejas que vive actualmente el sector
público.

El servidor público debe
servir

Todo ciudadano tiene derecho a que los
servidores públicos, como su palabra lo indica, le sirvan.
Desgraciadamente, en la práctica, el servicio
público ha convertido en un sistema de poder en el que una
cantidad de privilegiados se enquistan, viven de las rentas
públicas e imponen su necesidad y su imperio, como la
razón de ser del Estado

Ahora es necesario definir mejor las
categorías de servidores públicos. En la Ley de
hace 35 años había dos tipos de servidores: los de
carrera, sometidos a la carrera administrativa, que daban
exámenes de ingreso y hacían cursos para ascender,
y que tenían grandes privilegios (sobre todo la
inamovilidad) y tenían derecho a unos cuantos subsidios en
función de cursos realizados. Aparte, estaban los
demás, los que no se habían sometido a los
exámenes ni estaban dentro de este
régimen

Poco a poco, esta Ley fue degenerando y
ahora quedan como reliquias pocos servidores de carrera, que
tienen enormes privilegios, frente a una masa de servidores que
carecen de prebendas. Esta es una situación que requiere
un cambio inmediato.

Entidades autónomas
despilfarradoras

En las entidades autónomas, sean
estas las que celebran contratos colectivos como las empresas
públicas, o las que ejercen control por mandato
constitucional, la autonomía se ha interpretado como
soberanía.

Lo que ha venido sucediendo es que se ponen
los sueldos y los presupuestos que quieren, y luego el ministro
de Economía tiene que encontrar, a como dé lugar,
la plata para pagarles. Dentro de estas entidades, también
se puede ver cómo un mal productor de petróleo gana
cinco veces más que la misma categoría de servidor
público en una entidad que cuida niños
párvulos.

El presidente tiene que mandar un nuevo
proyecto que tope los puntos clave de la injusticia, un proyecto
que defina lo que es autonomía. Según la
Constitución el Presidente es el jefe de la
Administración Pública, en cuanto a servidores
públicos todos tienen que obedecer a un régimen y a
una autoridad, la del Presidente de la República aunque
sean servidores de una entidad autónoma. El régimen
de salarios tiene que ser uno solo, tanto por justicia como por
norma Constitucional. El Conarem (Consejo Nacional de
Remuneraciones) es la entidad encargada de regular todos los
sueldos y salarios del sector público, pero esto no se
cumple con eficiencia porque las mismas entidades
autónomas, muchas de ellas autoridades de control que
ejercen poderes definitorios sobre la conducta de otros
órganos del Estado, han frenado su actividad.

Por ello, el presidente debe definir muy
claramente qué son las autonomías y promover un
robustecimiento de la capacidad del Conarem para fijar todos los
sueldos y salarios de los servidores públicos, pues
solamente así tendremos una aproximación a la
justicia distributiva.

Hay que poner el límite para los
salarios, que deben tener como referente lo que gana el
presidente de la República y hay que prohibir que aumenten
los salarios durante un determinado lapso.

Estado debe achicarse

Hay una cantidad de instituciones que
sirven para torturar al ciudadano y para entrabar el proceso de
la producción económica del país, lo cual
invita a reflexionar sobre la necesidad de cerrar este tipo de
dependencias públicas. Sin embargo, como no es el caso
mandar a la desocupación a cientos de empleados ni
descapitalizar al Estado pagando altas indemnizaciones, se debe
establecer una política de liquidaciones.

En primer lugar, los empleados separados no
deben volver a ser empleados públicos. La
indemnización debería ser el mismo sueldo que
habían venido recibiendo durante un lapso más
allá de generoso de dos o tres años.

Fundación Hacia la Seguridad-Imperio
de la Ley ha preparado un proyecto de Ley, que apunta a reformar
solamente los problemas más importantes.

Ley de Servicio Público se
aprobó con más de 100 votos

2010-08-13

Fuente: Diario La Tarde

Ayer la Asamblea aprobó la nueva Ley
que regirá a los servidores públicos.

Con 108 votos a favor se aprobó ayer
la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) en la
Asamblea Nacional, justo un día después de que el
presidente de la República, Rafael Correa expusiera la
urgencia con la que se necesitaba esta norma.

Según Correa con ella se
podría cambiar inequidades en los sueldos de maestros y
médicos sobretodo de la zona rural para asegurar en
regiones como la Amazonía la presencia vital del sector
salud y educación.

Se hicieron cambios a la ley que
envió el Ejecutivo, que según asambleístas
como Jorge Escala (MPD), y Paco Moncayo (Alianza Libertad)
garantizan los derechos de los servidores públicos.
"Logramos introducir el derecho a la estabilidad, a la
organización de los servidores públicos, a la
capacitación, a la actualización, mejoramiento del
profesional o servidor público, mejorar la calidad del
servicio para la ciudadanía", dice Escala.

Con él concuerda Moncayo, pues
considera que por su estructura es una ley moderna, "que recoge
todos los aspectos para que el empleado tenga en su carrera como
servidor público opciones de mejorar, que crezca como
persona, que acompañe el crecimiento institucional y
personal".

Y es que antes de la aprobación, el
proyecto pasó por un proceso de socialización
dentro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores
y la de Seguridad, en donde se llegó a una votación
unánime para su presentación ante el pleno
ayer.

Nívea Vélez, presidenta de la
Comisión y legisladora de PAÍS aseguró que
los puntos más discutidos fueron los que tenían que
ver con la nacionalidad de los servidores públicos. "No
podemos contradecir lo que dice la Constitución, pero
hemos puesto para los extranjeros los mismos requisitos que se
necesitan para sufragar. Al menos estar cinco años de
forma permanente dentro del país", comenta.

Pero a la presidenta nacional de la
Unión Nacional de Educadores, Mery Zamora, el tema de las
evaluaciones le causa preocupación. "La evaluación
debe de ser un proceso natural en el trabajo del servidor
público, es decir la evaluación se debe de
convertir en la oportunidad para mejorar, corregir errores,
falencias que son frutos justamente de todas las políticas
que han aplicado en el pasado", dice.

El cambio fundamental de la propuesta
original, dice Vélez, está en la garantía de
la calidad de servicios públicos, pues ahora la norma se
basa en la motivación y no en la sanción. "No se
podrán registrar nombramientos que no hayan sido el fruto
de un concurso de méritos y oposición, en cualquier
entidad del sector público de la Función
Ejecutiva".

Entre los puntos que más destacan en
la Losep, están las jornadas especiales para quienes
trabajan en condiciones de riesgo como los que tienen bajo su
cuidado a personas con discapacidad o enfermedades terminales. Su
horario será de seis horas con la misma
remuneración.

Licencias de maternidad de hasta tres
meses

Así también el periodo de
lactancia materna se amplió de nueve a doce meses y la
licencia con remuneración por parto, a doce semanas (tres
meses).

Para Escala uno de los pocos puntos en los
que no concuerda es en la supresión de la
contribución que se hacía por concepto de multas o
sanciones al Consejo Nacional de Servidores Públicos
(Conasep). "Eso ha sido eliminado, pero sin embargo demuestra la
sensibilidad de la Conasep de poner por delante este
interés general de la ciudadanía y sobre todo en el
hecho de precautelar las conquistas y derechos de sus
agremiados", sostiene.

Para el ex Alcalde de Quito, Paco Moncayo,
algo que le genera dudas son los costos de la ley dentro del
presupuesto general del Estado, sin embargo, dice que no hay que
hacer juicios previos. "No es malo pagar bien a los empleados, lo
malo es que hay cuatro o cinco veces los empleados que realmente
se necesita", afirma.

En un balance general para los
entrevistados, la nueva ley que regirá a los servidores
públicos, es una demostración de los resultados a
los que se puede llegar con consensos.

Polémica por nueva Ley

16/Agosto/2010

Fuente: El Comercio

La posibilidad de que personas de otras
nacionalidades puedan ser servidores públicos, genera
reacciones.

La aprobación de la Ley
Orgánica de Servicio Público (Losep) ha generado
preocupación en varios sectores, que critican que la
normativa deje la puerta abierta al ingreso de extranjeros a la
función pública, lo cual creen podría
disminuir las oportunidades laborales de los nacionales y
eventualmente causar inconvenientes al país.

La normativa estipula que los extranjeros
pueden realizar funciones  en calidad de servidores
públicos, siempre y cuando hayan residido en el
país, por al menos cinco años.

Esto, según Nívea
Vélez (Ind.), presidenta de la Comisión de Derechos
de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, se introdujo en la
Ley para no contravenir el artículo 9 de la
Constitución, que señala: "Las personas extranjeras
que se encuentren en el territorio ecuatoriano, tendrán
los mismos derechos y deberes que las
ecuatorianas….".

Según Vélez, en la norma no
se podía hacer una "discriminación" entre
ecuatorianos y extranjeros, por lo que ahora  el reglamento,
cuya elaboración está a cargo del Ejecutivo,
tendrá que determinar los límites para el ingreso
de extranjeros al sector público.

Cabe recordar que el nuevo articulado se
aplica únicamente para tres de los cinco poderes del
Estado, los cuales son: Ejecutivo, de Transparencia y Control
Social y Electoral, dejando de lado al Judicial y Legislativo,
que mantienen su autonomía.Para el asambleísta
Leonardo Viteri (PSC), quien es médico de
profesión, la Losep va a generar una "competencia desleal"
en contra de los profesionales ecuatorianos, debido a que en el
país es necesario estudiar hasta diez años, como en
el caso de los galenos, para obtener un título
profesional,  contrario a lo que sucede en otros
países, según Viteri,  donde los requisitos
para titularse son menores.

El legislador opina que se debería
dar la oportunidad de trabajar en el sector público a los
extranjeros, siempre y cuando sus países de origen
mantengan convenios de reciprocidad con el Ecuador.

En este criterio concuerda el ministro de
Relaciones Laborales,  Richard Espinoza, quien cree que la
Ley debe tener en su reglamento, una disposición que abra
la puerta sólo a los extranjeros, cuyo país de
origen dé un trato similar a los nacionales. "Si por
ejemplo en los Estados Unidos, un ecuatoriano puede trabajar en
la empresa de correos, sin nacionalizarse, por qué no
podría hacerlo  aquí, previo concurso de
oposición y méritos. Pero, si no se le deja
trabajar al ecuatoriano allá, aquí tampoco se lo
debería hacer", subrayó Espinoza.De su lado, el
constitucionalista Mauricio Gándara, asegura que  la
Losep es una "apertura innecesaria del país",  que
"limita las posibilidades de  trabajar a los cientos de
miles de buenos profesionales ecuatorianos que están en el
desempleo".Además, según  Gándara, si
esta Ley no tiene un reglamento claro, podría traer 
problemas  y citó el caso de Venezuela, donde
según dijo, hay denucias de que militares cubanos se han
introducido en las Fuerzas Armadas de esa nación y
accedido a información restringida, lo cual, si llegara a
pasar en el Ecuador, sería "peligroso".

El experto manifiesta que detrás de
esta Ley está la política gubernamental de "libre
movilidad de las personas", que según dice,  consiste
en permitir el libre tránsito de los extranjeros en el
país, con el ánimo de "sensibilizar" a las
demás naciones del mundo, para que tengan un trato similar
con los ecuatorianos, lo cual cree no se ha conseguido, por
cuanto cada país tiene motivos  para limitar el
acceso de extranjeros.

En tanto, el asambleísta
Línder Altafuya (MPD), quien se autocalifica como uno de
los "principales impulsadores" de la nueva Ley, asegura que 
no se puede quitar a los extranjeros la posibilidad de ser
funcionarios públicos, ya que la Carta Política
así lo determina.

Altafuya cree que será
beneficioso      que exista 
competencia por un cargo público, por cuanto serán
los concursos de oposición y méritos los que
determinen cuáles son los profesionales mejor capacitados
para una función, independiente de su nacionalidad y
aclara que sectores estratégicos, como el militar o
electoral, tienen reglamentaciones propias, que limitan a
los  extranjeros.  (PJV)

Servidores públicos piden que no
se vete su Ley

2010-08-20

Fuente: Radio Tarqui

La Asociación de Servidores
Públicos del Ecuador, aspiran a que el presidente Rafael
Correa no vete la Ley de Servicios Públicos, aprobada hace
poco en la Asamblea Nacional.

El presidente de la Asoc. De Servidores,
Miguel García, asegura que a pesar de tener varias
contradicciones en el texto de Ley, si cumple y respeta los
derechos de trabajadores.

Uno de los problemas que identificaron los
analistas de esta ley, es que no todos los servidores
públicos están amparados bajo el mencionado cuerpo
legal, algo que crearía división

Esta ley entrará en análisis
en los próximos días, cuando el presidente Correa
regrese de su periodo de vacaciones.

Correa: "Todos los servidores públicos
tendrán que regirse por la nueva ley de servicio
público"

28 de Agosto de 2010

Fuente: el
ciudadano.gov.ec

Presidente Correa durante su Enlace
Ciudadano 185

El Presidente Correa anunció que
vetará la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera
Administrativa, porque existen empleados como los de los
Gobiernos Autónomos o la Contraloría, que
están siendo excluidos injustificablemente.

"El mayor problema con el que nos llega la
ley es que se excluye de ésta a los Gobiernos
Autónomos descentralizados ¿qué significa
esto?, que si los funcionarios públicos del Gobierno
Central entran ganando 800 dólares, acá les pueden
pagar 1600 o lo contrario les pueden pagar solo 240 y eso es
discriminatorio", indicó el Mandatario.

Visiblemente molesto agregó, "pero
también se excluye a la Contraloría del Estado, eso
es pura y simple presión, ¿cómo puede ser
que se den estas cosas?, ¿porqué excluir a la
Contraloría?, ¿porqué ellos pueden tener
otro estatus en cuanto a servidores públicos, otra escala
de sueldos, quién puede justificar eso?".

Rechazó la presión que
aseguró debieron ejercer los empleados del organismo ante
la Asamblea Nacional para conseguir esta prebenda.
¿Cómo pueden suceder esas cosas? ¿Qué
me expliquen porque la Contraloría está exceptuada
de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa?",
cuestionó el Jefe de Estado.

"No hay explicación es pura
presión. Vamos a vetar eso compañeros",
agregó.